El tiempo para llegar a un posible acuerdo de investidura que evite nuevas elecciones se agota. Al objeto de buscar un acuerdo de investidura el PSOE esta semana ha presentado un documento de más de 300 medidas con el fin de buscar un acuerdo de Gobierno con el partido político Unidas Podemos. Muchas son las medidas en diferentes asuntos que se plantean.

Aunque algunos son bastante similares a proyecto de medidas presentadas por el propio PSOE en julio y del programa de Unidas Podemos existen ciertos matices y diferencias a tener en cuenta. Desde Gilmar, sabemos de la importancia que tiene las medidas que quiera implementar un Ejecutivo en materia de vivienda sobre el sector inmobiliario. Por ello vamos a desgranar las medidas propuestas en tal cuestión.

17 medidas: Ley Estatal y Plan de Rehabilitación

Desde la medida 110 hasta la propuesta 127, esas son las 17 disposiciones que el PSOE ha planteado en materia de vivienda. Estas son las medidas sobre una nueva posible Ley Estatal de Vivienda, Ley de Propiedad Horizontal y Plan Estatal de Rehabilitación.

110. Es necesario ampliar la oferta de vivienda asequible, para lo cual vamos a trabajar principalmente en dos direcciones: la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas). Nuestro objetivo es crear un gran parque de alquiler público de precio asequible que contribuirá a controlar el crecimiento de precios de toda la vivienda en alquiler. Para ello, se estudiarán también medidas que impulsen la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas, así como la reorientación del sistema fiscal para promover el alquiler asequible.

111. Del mismo modo, con pleno respeto a las competencias de las demás AAPP, vamos a aprobar una Ley estatal de vivienda, para que estas políticas sean un verdadero pilar del Estado del Bienestar, garantizando el ejercicio en igualdad de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en la Constitución relacionados con la vivienda, evitando situaciones de desamparo y exclusión residencial. En dicha ley impulsaremos nuevas figuras de provisión de viviendas a un precio asequible, como el derecho de superficie, la cesión de uso de vivienda o el cohousing.

112. También se reforzará en esta Ley la función social de la vivienda, regulándola como servicio público de interés general, así como el régimen jurídico de los parques públicos de vivienda. Estableceremos un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda, y que ponga a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos distintas herramientas para su detección y para movilizarlas con fines sociales a precios razonables.

113. Se estudiarán nuevas figuras jurídicas en el ámbito de la legislación civil para adaptar las formas de acceso a la tenencia de la vivienda a las nuevas circunstancias y necesidades sociales, laborales y personales de la ciudadanía. Asimismo, se estudiará una revisión de la Ley de Propiedad Horizontal para mejorar los procesos de toma de decisiones sobre usos de las viviendas distintos al residencial permanente y las obras de mejora de la eficiencia energética y energías renovables.

114. Se estudiarán medidas para regular y controlar el uso de la vivienda con fines turísticos, con respeto a la distribución competencial entre el Estado y las CCAA.

115. Determinaremos el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública y elaboraremos una normativa que garantice su función social, evitando que dicho carácter público se desvirtúe e impidiendo que las viviendas con algún tipo de protección o ayuda pública puedan ser gestionadas o enajenadas con ánimo de lucro o por fondos privados.

116. Elaboraremos un nuevo Plan Estatal de Vivienda para el siguiente periodo que, entre otros elementos, facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas.

117. Aprobaremos medidas específicas de ayuda al alojamiento para colectivos con necesidades habitacionales urgentes. Actualizaremos la estrategia de sinhogarismo e incrementaremos los fondos para combatir este fenómeno. Al mismo tiempo, complementaremos las iniciativas de comunidades autónomas y ayuntamientos destinadas a las personas sin hogar.

118. También pondremos en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler. El Plan hará especial hincapié en medidas de eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad. Asimismo, se estudiarán nuevas vías de financiación público-privada para las obras de rehabilitación, implicando a las EEFF en la oferta de nuevos productos asequibles para familias y Comunidades de Propietarios. Se estudiarán medidas fiscales para incentivar la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana.

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17 medidas: alquiler y emancipación juvenil

Propuestas sobre el alquiler, mecanismos para controlar la subida de los precios, fomentar la emancipación juvenil y el papel de otros organismos como el SEPE o el ICO también figuran entre estas medidas.

119. En este esfuerzo para ampliar la oferta de vivienda asequible, reforzaremos el papel de SEPES y del ICO en la política de vivienda, para fomentar la construcción de nueva vivienda de alquiler social, así como la rehabilitación de viviendas existentes. Se profundizará asimismo en la financiación derivada de fondos europeos, como el BEI. Además, se tomarán medidas para la movilización del suelo público para la promoción de viviendas en régimen de alquiler social o asequible.

120. Impulsaremos un Plan de actuación de la SAREB para la firma de convenios con la Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquiler social y mejoren los procesos de gestión y adjudicación.

121. Profundizaremos en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia.

122. Se impulsarán medidas para evitar la exclusión residencial y favorecer el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad.

123. Se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional, evitando las situaciones de desamparo y exclusión residencial.

124. Impulsaremos nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas, y se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria, para evitar situaciones de desamparo y exclusión residencial.

125. Desarrollaremos un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil con el objetivo de establecer la coordinación esencial para facilitar el acceso a la vivienda en todas las comunidades autónomas. Dicho plan incluirá de manera específica medidas para facilitar el acceso al alquiler.

126. Se potenciarán las entidades sin ánimo de lucro y del tercer sector como agentes de la economía social, para mejorar la gestión de las viviendas con protección pública y el acompañamiento de las familias y personas más vulnerables o en riesgo de exclusión.

127. Reforzaremos el Observatorio de la vivienda con el objetivo de investigar y analizar la situación de la vivienda en España (parque de alquiler privado, vivienda vacía, necesidades habitacionales, situaciones de riesgos de exclusión residencial, etc.), y que permita una auditoría pública de la oferta y calidad de las viviendas públicas.

Resumen: ¿en qué se centran las propuestas?

En resumen, las propuestas en este documento se centran en: nueva ley estatal de viviendas, revisión de la Ley de Propiedad Horizontal, reforzar la función social de la vivienda, Plan Estatal de Rehabilitación, aumentar la oferta de viviendas en alquiler, reforzar el papel del SEPE y el ICO, freno a las subidas del alquiler y alquiler social para desahuciados, Plan Nacional de fomento de la Emancipación Juvenil, y reforzar el Observatorio de la vivienda.

Se trata, en todo caso un documento abierto sujeto a posibles modificaciones. En el tema de vivienda a la hora de controlar las subidas de los precios de alquiler el PSOE aboga por crear un índice estatal de precios de los alquileres más fiable que el que existe actualmente como componente del IPC. Podemos aboga por que el pago del alquiler no pueda exceder el 30% de la renta familiar del inquilino. El tiempo dirá si este documento cambia o incluso si al final se queda en agua de borrajas al no firmarse un acuerdo de Gobierno. En ambos casos, desde Gilmar seguiremos atentos a la actualidad.

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