“Ante las dificultades que de nuevo están experimentado numerosos ciudadanos en el acceso a una vivienda digna, sobre todo en régimen de alquiler, el Gobierno ha decidido dar un notable impulso a las actuaciones en materia de vivienda. (…) En este contexto, la dotación de la política de acceso a la vivienda y fomento de la edificación se incrementa un 41 por ciento, desde los 481 hasta los 679 millones de euros.

Dentro de esta política es preciso destacar dos dotaciones concretas. Por un lado, se destinarán 490 millones de euros para subvenciones de planes de vivienda (410 millones) y subsidiación de préstamos (80 millones). Por otro lado, se dota con 137 millones de euros el Plan 20.000 viviendas, que tiene por objeto el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales.”

Así es como reza en el Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 el arreón que el Gobierno quiere darle a la política en materia de vivienda. Desde Gilmar analizamos esos datos y los ponemos en perspectiva.

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En la buena dirección pero insuficiente

Si bien es cierto, que el incremento del 41% que hace el Gobierno en esa dotación es importante y más en unos PGE encorsetados en una senda correctora del déficit por parte de las autoridades europeas, siguen siendo unas cifras muy insuficientes para que España corrija una de sus principales carencias en materia de vivienda. Como comentamos ya en varias ocasiones, España es el país de la OCDE que menos recursos dedica en porcentaje sobre el PIB en políticas de acceso a la vivienda.

Tan sólo un 0,01% del PIB. Por otra parte, aunque esos 679 millones de euros suponen un notable crecimiento respecto al año anterior, siguen muy por debajo de los niveles precrisis y primeros años de la crisis, y nos siguen remontando a quince años atrás.

Si observamos los gráficos con datos obtenidos del Ministerio de Hacienda sobre cual ha sido la evolución del gasto anual presupuestado por el Estado en materia de vivienda vemos que los actuales niveles que emplea el Ejecutivo distan bastante de los empleados por el Gobierno anterior de su mismo color político.

Si bien, los 679 millones de euros actuales suponen la cifra más elevada desde el año 2013, son sensiblemente inferiores a los 1.271 millones de euros que de media presupuestó en vivienda el anterior gobierno del PSOE (periodo 2005-2011), pero si por encima de los 607 millones de euros de media presupuestados por el anterior Gobierno del Partido Popular (2012-2018).

Tampoco la cifra actual rompe con la tónica de los últimos 25 años en la que la partida de gasto en vivienda sea de las más reducidas, cuando no la más baja de los PGE en porcentaje sobre el volumen total de estos. Prueba de ello es que de los 679 millones de euros presupuestados en 2019, apenas alcanzan a suponer el 0,2% del volumen total de gasto de los PGE. Si bien como muestran el gráfico, la vez que la vivienda tocó la cota más alta fue en 2009, cuando los 1.614 millones de euros de la partida de vivienda llegaron a alcanzar el 0,5% del total del presupuesto (ver gráficos). Cifras y ponderaciones muy reducidas y que resultan cuanto menos llamativas en un país donde una de las preocupaciones destacadas de la ciudadanía desde casi siempre ha sido la vivienda.

Fuente: Ministerio de Hacienda

Fuente: Ministerio de Hacienda

Otros aspectos a destacar de los Presupuestos

Estas son las grandes cifras de los PGE, pero hay otros datos dentro del proyecto de Presupuestos que también son destacables. Uno de ellos es que de los 679 millones de euros asignados, un 95,7% corresponden a los créditos asignados al programa de Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda que contiene, entre otros, los créditos destinados a ejecutar los Planes Estatales de Vivienda.

A este respecto, hay que señalar que el Plan Estatal 2018-2021 mantiene el fomento del alquiler y la rehabilitación como objetivos prioritarios, si bien se introducen algunas modificaciones respecto al anterior plan (Plan Estatal 2013-2016).

Entre ellas, se incorporará la posibilidad de otorgar ayudas al alquiler a beneficiarios que abonen una renta de hasta 900 euros/mes, frente a la limitación de 600 euros/mes del plan anterior, en respuesta a la problemática que actualmente acusan determinados municipios en los que, por diferentes motivos, los precios medios de alquiler de vivienda así lo requieren. También se incorpora el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, especialmente vulnerables. Por su parte la Renta básica de emancipación seguirá generando obligaciones de pago.

Esta es la radiografía que desde Gilmar hacemos de los actuales presupuestos presentados. En resumidas cuentas, son un tímido paso en la buena dirección pero que ponen de manifiesto que queda mucho trabajo por delante.

#vivienda #gilmar #inversión #alquiler